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El examen de Arabia Saudita luego del asesinato de Khashoggi
6 de mayo de 2019
Austria, Perú, Costa Rica, Canadá, Islandia, el Reino Unido, España y Australia recomendaron que Arabia Saudita coopere en la investigación del asesinato de Khashoggi brindando toda la información necesaria y garantizando que un grupo de expertos examine las pruebas y actúe independientemente.
Pilar Pereyra
 

Como parte del tercer examen periódico universal de Arabia Saudita, varios países intervinieron sobre la situación de los derechos humanos en la monarquía islámica y aportaron recomendaciones al gobierno saudita, para que este mejore las condiciones humanitarias. En este artículo se hará hincapie en los países de Latinoamérica y las denominadas Full Democracies (democracias plenas).

En primer lugar fueron celebrados los logros de Arabia Saudita desde el anterior examen. Las mejoras hechas con respecto a los derechos de la mujer fueron especialmente encomiadas por Costa Rica, Perú, Venezuela, Brasil, Finlandia, Suecia, Suiza, Alemania, Uruguay y Austria. Asimismo Costa Rica elogió la actualización de la Ley de Procedimiento Penal y Bolivia y Honduras celebraron que se analice la posibilidad de adherir al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además Cuba y México felicitaron al gobierno por presentar mejoras en la salud.

Con respecto a las recomendaciones y observaciones críticas, muchas de ellas son sobre la libertad de expresión y la detención de defensores de los derechos humanos. El caso de Jamal Khashoggi llamó especialmente la atención y fue denunciado por Australia, Brasil, Dinamarca, Alemania, Argentina, Irlanda, Canadá, Dinamarca, Chile, Finlandia, Nueva Zelanda, Perú, Suecia, el Reino Unido, los Países Bajos y Suiza. Las delegaciones de estos países condenaron las violaciones a la libertad de expresión que ejerce el gobierno, más que nada con respecto a activistas y periodistas, que pueden ser detenidos y penados por manifestarse o transmitir información opuesta a los intereses del gobierno.

Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Brasil, Canadá, Costa Rica, España, Suiza, Uruguay, Australia y Argentina pidieron específicamente que se garantice el pleno respeto de la libertad de prensa y de expresión con una nueva legislación, abstenerse de perseguir a los periodistas y a todos quienes formulan críticas.

Finlandia demandó que se reformen la Ley de Asociaciones, la Ley contra el Terrorismo y contra la Ciberdelincuencia, así como la Ley de Prensa y Publicaciones para que respeten las libertades individuales. Asimismo, Austria, Perú, Costa Rica, Canadá, Islandia, el Reino Unido, España y Australia recomendaron que Arabia Saudita coopere en la investigación del asesinato de Khashoggi brindando toda la informacion necesaria y garantizando que un grupo de expertos examine las pruebas y actúe independientemente.

México y Honduras también recomendaron ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Con respecto a los compromisos internacionales, Nueva Zelanda, Costa Rica, México, Bolivia, y Austria  solicitaron que Arabia Saudita ratificara el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Irlanda sugirió que se armonice la legislación nacional con este pacto y Uruguay recomendó ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La ratificación el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue recomendada por Bolivia, México, Costa Rica y Nueva Zelanda.

Por otro lado, varias delegaciones se pronunciaron sobre la pena de muerte. Alemania, Austria, Uruguay, Australia, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, España, Islandia, Noruega y Suecia pidieron abolirla definitivamente y adoptar una moratoria sobre las ejecuciones. Sobre todo, les preocupaba la utilización de esta pena para castigar a delincuentes menores de edad y solicitaron que se acabe con esa práctica. También Dinamarca, Honduras y Chile recomendaron ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes para combatir esta practica ejercida hacia los criminales detenidos por las fuerzas estatales. A su vez, Austria pidió que se apliquen plenamente los artículos 20 y 21 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y Nueva Zelanda sugirió que se investiguen todos los casos de sospechas de tortura de parte de agentes oficiales y se detenga a los culpables.

Otro foco de críticas fue la actuación de Arabia Saudita en la invasión a Yemen, ya que preocupa “la creciente cantidad de civiles muertos o heridos a manos de soldados sauditas, las vulneraciones de los derechos de las mujeres y los niños, los ataques ilegales hechos por la coalición que lidera Arabia Saudita”. Canadá, Islandia y Haití apoyan una solución rápida y pacífica del conflicto. Asimismo Australia, Alemania y Perú indicaron que se debería hacer llegar la asistencia necesaria a los yemeníes, adoptar todas las medidas posibles para asegurar la protección de los civiles y el cumplimiento del derecho internacional humanitario.

La situación de vulnerabilidad que viven los trabajadores migrantes fue recriminada por el grupo de trabajo. Para acercarse a una solución, México, Honduras y Haití recomendaron que Arabia Saudita ratifique la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Mientras que de las democracias plenas únicamente el Reino Unido se pronunció sobre el tema, pidiendo que se refuerce la legislación laboral y se enjuicie a los empleadores que cometan abusos.

Por último, se recomendó continuar relizando mejoras con respecto a la situación de la mujer, empezando por la abolición del sistema de tutela, apoyada por Australia, Canadá, Chile, Costa Rica, Dinamarca, Haití, Islandia, Suecia, Suiza, España, Nueva Zaelanda, Austria y Uruguay. Asimismo, las democracias plenas agregaron que se debe avanzar en las reformas legislativas necesarias para que las normas busquen la igualdad entre el hombre y la mujer, tipificar como delito todas las formas de violencia hacia la mujer, y retirar la reserva general a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.