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Avance o estancamiento: la situación ambivalente de los derechos humanos en Ecuador
12 de abril de 2019
A pesar del balance mixto que se puede hacer de la situación en Ecuador, hay razones por las cuales tener esperanza. Ya según el informe de Freedom House, desde la presidencia de Lenin Moreno, ha mejorado su puntaje en derechos civiles, derechos de asociación y funcionamiento del gobierno.
Alejandro Di Franco
@Aledifranco98
 

Catalogado por Freedom House como un país “parcialmente libre”, Ecuador hoy tiene un balance mixto en materia de derechos humanos. Mientras que en su informe publicado en el año 2018 Human Rights Watch hace un balance positivo de la presidencia de Lenin Moreno, favoreciendo el debate interno y el fortalecimiento de las instituciones; en muchas áreas todavía los abusos son frecuentes, y esto es particularmente real para las minorías.

Una de las razones del estancamiento del país en estos rankings de derechos humanos son los problemas persistentes en la justicia: la corrupción y los sobornos se mantienen incesantes en muchos casos y a veces carece de real independencia con respecto a otros poderes y organismos. Por ejemplo, en el país son frecuentes las destituciones de jueces por parte del Consejo de la Judicatura mediante el uso del “error inexcusable”.

Pero hay otras áreas que, aunque presentan mejoras, siguen siendo críticas, como lo es la libertad de expresión. En este campo resulta muy positiva la intención del nuevo presidente Moreno de modificar la Ley de Comunicación vigente, que resultaba frecuentemente en sanciones contra medios opositores al gobierno. Hoy además se busca eliminar organismos como la SUPERCOM (vigente desde el 2013 durante la presidencia de Correa) que hostigaba a medios independientes. Ha habido, además, denuncias de acosos y amenazas contra periodistas y usuarios de redes sociales críticos. También ha sido frecuente el manejo de decretos para disolver organizaciones críticas, como lo fue el caso del grupo “Acción Ecológica” en 2016, que buscaba evitar la extracción minera en tierras indígenas.

Uno de los sucesos recientes más críticos ha sido el secuestro y asesinato de tres periodistas del diario El Comercio en la frontera del país. Ante este crimen, los gobiernos de Colombia y Ecuador han reaccionado adecuadamente creando cuerpos de investigación en conjunto por el tema.

Otro de los avances más importantes en materia de derechos humanos ha sido la aprobación en 2013 de la Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad ocurridos entre 1983 y 2008.

Pero por otra parte, continúan las acusaciones por exceso de fuerza de la policía, como fue el caso en manifestaciones ocurridas en 2015. El Código Penal ecuatoriano además tiene disposiciones amplias que pueden ser usadas contra personas que protestan en contra del gobierno, acusándolos incluso de terrorismo o sabotaje. Para los presos, las condiciones distan de ser las óptimas: más allá de los esfuerzos de Ecuador por mejorar las condiciones en las cárceles, estas siguen teniendo problemas como el hacinamiento o carecen de un sistema de recepción de quejas y denuncias.

Otras minorías sociales continúan enfrentando dificultades. A pesar del incremento de su participación en la vida política y su creciente aparición en las listas de elecciones, las mujeres en Ecuador siguen enfrentando estereotipos anticuados de género. En el Código Civil, por ejemplo, el marido sigue siendo el administrador de la sociedad conyugal. Además de la conocida brecha salarial, ellas siguen siendo las más afectadas por el desempleo y están concentradas muy frecuentemente en el sector informal, como señala el tercer examen periódico universal realizado en 2017.

Incluso con la creación de un consejo nacional de igualdad de género, las tareas de este organismo todavía no están claras y se enfrentan a un presupuesto decreciente. A pesar de esto, en materia legal fue un avance la adopción del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica como delitos el femicidio y la discriminación por motivos del sexo de una persona.

La población LGBTQ sigue enfrentando discriminación y violencia. Las parejas del mismo sexo solo pueden contraer uniones civiles, que no garantizan los mismos derechos que para las parejas casadas. Existen además en el país centros de “conversión” que buscan “curar” a esta población de su orientación sexual o identidad de género.

El racismo contra afroecuatorianos e indígenas dista de ser erradicado del país. Los jueces desestiman muy rápidamente casos de discriminación racial y estos sectores continúan en la pobreza. Muchas mujeres de estos grupos ni siquiera tienen acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Los pueblos indígenas sufren las consecuencias de las licencias otorgadas por parte del gobierno a empresas para extraer recursos naturales de sus tierras, un problema ya señalado desde el primer EPU realizado en 2008.

En cuanto a la pobreza, es destacable como ha aumentado el gasto del gobierno en programas sociales, aunque esto no siempre se desarrolla de manera transparente. Además, la educación, política fundamental para lograr bajar la pobreza, sigue contando con muchos de los defectos comunes de los países de la región: disparidades en el acceso, infraestructura decadente, mala calidad educativa y falta de recursos. Esto lamentablemente se acentúa en áreas rurales y de poblaciones indígenas.

A pesar del balance mixto que se puede hacer de la situación en Ecuador, hay razones por las cuales tener esperanza. Ya según el informe de Freedom House, desde la presidencia de Lenin Moreno, ha mejorado su puntaje en derechos civiles, derechos de asociación y funcionamiento del gobierno. La apertura del debate, el trato cordial a la prensa y la tolerancia a la disidencia son elementales para una sociedad más abierta y con una posibilidad más igualitaria para prosperar.