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Aumento de la persecución de activistas y disidentes en Arabia Saudita
12 de abril de 2019
El régimen de la casa Al Saud prohíbe los partidos políticos, sindicatos y ONGs por lo tanto no existe una oposición política institucionalizada. Asimismo, las libertades políticas están restringidas en gran medida. Los defensores de los derechos humanos son objetivo de persecuciones y detenciones arbitrarias por parte del gobierno, que vulnera su libertad de expresión.
Pilar Pereyra
 
Jamal Khashoggi

El gobierno del reino de Arabia Saudita está encabezado por el rey Salmán bin Abdulaziz desde el 23 de enero de 2015, cuando heredó el trono de su fallecido hermano. Esta monarquía islámica fue examinada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) mediante el Examen Periódico Universal (EPU), a fines de 2018. La ACNUDH realizó un informe recopilando todas las observaciones hechas sobre el estado de los derechos humanos, en el cual se destaca la irregularidad de las detenciones y reclusiones de acusados de cometer terrorismo, los abusos cometidos en las operaciones militares que el país lleva a cabo en Yemen, y la tortura como práctica regular para obtener confesiones de los detenidos.

El régimen de la casa Al Saud prohíbe los partidos políticos, sindicatos y ONGs por lo tanto no existe una oposición política institucionalizada. Asimismo, las libertades políticas están restringidas en gran medida, calificando a Arabia Saudita como “no libre” según Freedom House, que puntuó al estado con un 7 sobre 100.

Es cierto que en los últimos años se han introducido mejoras en la legislación y sociedad sauditas, como parte de los esfuerzos del gobierno actual. Por ejemplo, la creación de la Comisión de Derechos Humanos en 2016 fue distinguida en el informe. Pero todavía quedan varios problemas en la legislación actual y el accionar del gobierno, identificados por las organizaciones de las Naciones Unidas.

Una de los objetivos de mayores críticas fue la Ley sobre Delitos Terroristas y Financiación del Terrorismo porque en ella se define al terrorismo de manera muy amplia, y puede ser utilizada para detener activistas que alcen la voz para cuestionar a las autoridades sauditas. No provee de garantías que debe tener cualquier proceso de detención y reclusión como es un juicio justo o que el acusado tenga asistencia de un abogado, haciendo a los acusados de terrorismo sujetos más propensos a recibir torturas. Los defensores de los derechos humanos son objetivo de persecuciones y detenciones arbitrarias por parte del gobierno, que vulnera su libertad de expresión. Varios organismos reclamaron que Arabia Saudita adhiera a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y termine con estas prácticas.

Según Human Rights Watch la persecución de activistas y disidentes no solo no paró sino que va en aumento, destacándose el reciente caso del periodista Jamal Khashoggi, asesinado en el consulado saudita en Turquía.

Otro de los tópicos en los que se centra el examen es la tortura. Es una práctica muy común llevada a cabo hacia los detenidos. Se pidió a las autoridades que incluyeran la prohibición de la tortura en la Ley Fundamental y se retiren las reservas del articulo 20 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y adherir a su Protocolo Facultativo.

Las operaciones militares llevadas a cabo en Yemen también llamaron la atención por los abusos cometidos, que entran en conflicto directo con las normas del derecho internacional humanitario. La creciente cantidad de civiles muertos o heridos a manos de soldados sauditas, las vulneraciones de los derechos de las mujeres y los niños, los ataques ilegales hechos por la coalición que lidera Arabia Saudita. Se reclamó que se investigara cualquier tipo de abuso o violación de los derechos de los habitantes yemeníes mediante una institución independiente, y se enjuiciara a los responsables.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer reclamó que el gobierno derogue las leyes que permiten y legitimen la discriminación, tanto hacia las mujeres como hacia otros grupos vulnerables, que modifique la Ley Fundamental de Gobierno y que introduzca legislación especifica que prohíba la  discriminación y promueva la tolerancia.

El Comité de los Derechos del Niño valoró el avance con respecto al segundo ciclo del EPU, que representa la Ley de Protección del Niño de 2014. Sin embargo, encontró que los menores de edad siguen siendo objeto de abusos. En primer lugar, el Comite recomendó que se ratificara el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño y que se retirase la reserva general a la Convención. Asimismo, remarcó que en Arabia Saudita cada juez tiene el poder de determinar si juzgará a un menor como adulto, en caso de que se lo detenga por cometer un delito. Además no hay edad mínima para el matrimonio, por lo cual muchas niñas se casan antes de cumplir los 18 años.

La trata de personas es un problema muy grave en el país, y las víctimas de este crimen no se encuentran protegidas por una legislación exhaustiva sino que son tomadas como delincuentes y estigmatizados.

Asimismo, los extranjeros son un grupo que frecuentemente ve sus derechos vulnerados. No hay legislación sobre la posible expulsión, o extradición de extranjeros, lo cual lo convierte en una medida arbitraria que pueden tomar las autoridades. También existe el caso de los apátridas, que pueden ser niños de madres con padres extranjeros, que no son ciudadanos y se les niega los servicios del estado. Varios organismos reclamaron que el país adhiera a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia.

Por último, el informe hace especial hincapié en la discriminación que sufren las minorías religiosas, y que no solo esta legitimada sino también ejercida por las autoridades sauditas. La legislación atenta contra la libertad de pensamiento, de culto y de expresión al tipificar como delito el “insulto a Dios o al profeta”, entre otros. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pidió la remoción de todas las normas discriminatorias, y la promoción de la tolerancia religiosa y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación pidió la ratificación de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.

La recopilación de información hecha por la ACNUDH pone en relieve que en Arabia Saudita faltan leyes que consoliden un marco legal claro y especifico con respecto a las violaciones de los derechos humanos. El gobierno legitima la discriminación de grupos vulnerables. Asimismo, son las mismas autoridades las que violan los derechos de los sauditas concediendo penas arbitrarias, ejerciendo la tortura y privándolos de las garantías necesarias en un proceso penal. Los dirigentes afirman que están comprometidos a realizar los cambios necesarios para respetar los estándares internacionales de los derechos humanos. Sin embargo, son los mismos que continúan vulnerando las libertades fundamentales de las personas.