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China fue examinada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
29 de abril de 2019
Con la participación de 150 países, el 6 de noviembre de 2018 se llevó a cabo el diálogo interactivo del tercer examen periódico universal de China en el Consejo de derechos Humanos de la ONU. Al respecto, las observaciones giraron en torno a las principales problemáticas de derechos humanos que se producen en China, tales como la libertad de expresión, persecución a activistas de derechos humanos y minorías religiosas.
Luna Bustamante
 

Durante el último diálogo interactivo de China se pudieron observar diferencias y similitudes entre las recomendaciones de países latinoamericanos y las democracias plenas, estas últimas de acuerdo al The Democracy Index elaborado anualmente por The Economist.

Por un lado, Uruguay observó que China debe agilizar la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, compartido por múltiples delegaciones: Brasil, Colombia, México, El Salvador, Islandia, Nueva Zelanda, Irlanda, Luxemburgo, Reino Unido, Malta y Costa Rica.

Desde América Latina, Uruguay también le recomendó a China adoptar una ley contra la discriminación en el entorno laboral y que garantice a todas las personas un trato equitativo, lo cual fue secundado por Colombia, México y Honduras.

Argentina y Costa Rica fueron las únicas delegaciones latinoamericanas en pronunciarse con respecto a garantizar las libertades civiles y la defensa de los derechos humanos y las minorías.

Argentina sostuvo que se deben “adoptar las medidas necesarias para proporcionar un entorno seguro a quienes trabajan en la protección y promoción de los derechos humanos, incluidos los defensores de los derechos humanos y los periodistas, e investigar y castigar todos los actos de violencia contra ellos”. Por su parte, Costa Rica recomendó “garantizar el pleno ejercicio de las libertades de asociación y expresión de los defensores de los derechos humanos y de las minorías, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos”.

Uno de los temas que más se mencionó en las recomendaciones es el referido a la abolición sobre la pena de muerte.

Chile expresó que “se debe seguir examinando la legislación nacional para reducir el número de delitos punibles con la pena de muerte y alentar un debate público sobre su abolición”. A su vez Argentina compartió que “se debe considerar la posibilidad de establecer una moratoria de la aplicación de muerte y examinar la posibilidad de abolir la pena de muerte desde su ordenamiento jurídico”; y Brasil sostuvo que se deben “adoptar medidas para establecer una moratoria de la pena de muerte, garantizando al mismo tiempo que las personas a las que se pueda imponer esa pena tengan derecho a una representación letrada adecuada y a un juicio imparcial”.

Estas observaciones concordaron con la participación de España, al sostener que “se debe establecer una moratoria sobre la pena de muerte, con miras a su abolición” y la de Luxemburgo planteando la “posibilidad de establecer una moratoria de la pena de capital con miras a su abolición total”.

Por otro lado, Noruega recomendó que se deben “respetar, proteger y garantizar la libertad de expresión de todos los ciudadanos”; mientras que Islandia planteó que se debe “poner fin a la detención arbitraria de quienes defienden y promueven los derechos humanos”; e Irlanda que se deben “adoptar medidas inmediatas para que los defensores de los derechos humanos y los abogados puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión y de opinión sin amenazas, acoso ni repercusiones”.

Las mencionadas observaciones apuntaron a los últimos cuestionamientos a China, en especial el caso emblemático del abogado de derechos humanos Wang Quanzhang, el cual fue detenido y torturado en el año 2015.

Finalmente, llamó sumamente la atención la nula importancia que le otorga Latinoamérica a las persecuciones étnicas y religiosas, siendo esta situación solamente mencionada por las democracias plenas. Suecia observó que se deben “adoptar medidas urgentes para respetar los derechos de las personas pertenecientes a minorías étnicas, incluidos los derechos a reunirse pacíficamente y a manifestar la religión y la cultura, en particular en Xinjiang y el Tíbet”; Canadá que se deben “poner en libertad a los uigures y otros musulmanes que han sido detenidos arbitrariamente y sin las debidas garantías procesales debido a su origen étnico o su religión, y poner fin al enjuiciamiento y la persecución por motivos de religión o creencias, en particular de los musulmanes, los cristianos, los budistas tibetanos y los seguidores de Falun Gong, y garantizar el derecho del pueblo de Hong Kong a participar en el Gobierno sin distinción de ningún tipo”. Alemania, por su parte, pidió “poner fin a toda detención ilegal, incluida la detención en masa e inconstitucional de uigures y otros musulmanes en Xinjiang, y a la vigilancia domiciliaria en un lugar determinado; Respetar el derecho a la libertad de religión o de creencias, de opinión y de expresión, de reunión pacífica y en relación con la cultura, en particular para los tibetanos, los uigures y otras minorías”.