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Democracia y derechos humanos
1ro de diciembre de 2014
(El País/España) La tercera ola comenzó cuarenta años atrás, en abril de 1974. Será cuestión de generar las condiciones para que el ciclo vuelva a cambiar. Recordar la universalidad de la jurisdicción en materia de derechos humanos, la no prescripción, la obligación de intervenir ante las violaciones y la necesidad de un orden constitucional democrático, siguen siendo las prioridades intelectuales. Articular estos principios en coaliciones de la sociedad civil y las organizaciones internacionales es la estrategia a desarrollar, como entonces, como siempre.
Héctor E. Schamis
@hectorschamis
 

(El País/España) Fue el tema del simposio organizado por el Club de Madrid y el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos. Dos días y medio de análisis y debate, basados en la premisa que existe una fuerte correlación entre la democracia y la vigencia de los derechos humanos. Al decir de los activistas: cuando los derechos humanos se respetan y se refuerzan, se construye ciudadanía democrática.

Sin duda, pero en 2014 esa correlación no es promisoria. Intelectualmente, no puede sorprender del todo si se tienen presentes los ciclos históricos en el debate y en la propia evolución de la democracia como proceso histórico de cambio social. Piénsese en la entre guerra, cuando la idea de democracia era débil frente al fascismo y el comunismo, ideologías contrarias entre sí pero igualmente anti democráticas. La posguerra, el plan Marshall y la reconstrucción de Alemania y Japón cambiaron el clima en favor de la democracia, reforzado a su vez por la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948.

En los cincuenta la Guerra Fría significó otro impasse, hasta los sesenta cuando una verdadera explosión de sociedad civil produjo una importante expansión de la esfera pública. La literatura de los setenta, en contraste, fue sobre “la crisis de la democracia”. De hecho le atribuyó a aquella explosión de sociedad civil responsabilidad por la sobrecarga del sistema político. Crisis fiscal, de legitimidad y de gobernabilidad fueron los términos en boga en Europa, Japón y Estados Unidos. Ilustraban un generalizado desencanto con la democracia.

En realidad esos términos tenían aún más sentido en América Latina, donde no había democracia alguna. El caso extremo fue el de las dictaduras del cono sur, que intentaban resolver crisis similares pero clausurando la democracia por completo, con el terrorismo de estado como instrumento. La externalidad positiva del horror fue haber motivado el surgimiento de coaliciones de derechos humanos entre grupos de la sociedad civil y organizaciones internacionales, especialmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La jurisdicción universal y la no prescripción se hicieron norma, ambos como condición necesaria.

Ello coincidiría con la tercera ola democratizadora. Iniciada con la Revolución de los Claveles de 1974 en Portugal, la ola se expandió por Grecia y España para luego arribar a América Latina en los ochenta. Allí llegó como correlato indispensable de la agenda y el movimiento de derechos humanos. Fue la reacción de la sociedad ante la tortura, el asesinato y la desaparición, un verdadero cambio cognitivo. La democracia liberal—tantas veces denostada por la izquierda por aquello de “democracia burguesa”—habría protegido los derechos de las víctimas de las dictadura, muchos militantes de izquierda precisamente. La lección para ellos fue descubrir el socialismo reformista y democrático, como en Escandinavia.

La ola pasó por Filipinas, Corea y Taiwán a fines de los ochenta, coincidiendo luego con el fin del régimen de Pinochet y la caída del Muro de Berlín. El fin del comunismo, la reunificación alemana y la disolución de la Unión Soviética concluyeron la Guerra Fría. La agenda fue de derechos humanos en Europa también. El contrato social del comunismo—comer, pero sin hablar ni votar—había sido masivamente rechazado y la Unión Europea se extendió hacia el este. La democracia se convirtió en norma global y la paz democrática parecía haber llegado para quedarse.

El terrorismo de septiembre de 2001, sin embargo, evaporó la utopía de la paz democrática. El mundo volvió a ser un lugar ingrato, inhóspito. Estados Unidos invadió Irak con una justificación falsa, Guantánamo y Abu Ghraib fueron una bofetada en la cara de los derechos humanos. Europa entró en una desaceleración de su economía, transformada en recesión a partir de la crisis de 2008. La crisis reveló las incoherencias de un Banco Central supranacional que emite moneda pero que no tiene control del gasto y el endeudamiento nacional. El desempleo amplificó la xenofobia y la consecuente discriminación profundizó la erosión de derechos.

El retorno de los viejos nacionalismos europeos—siendo el ruso, militarizado, el más peligroso de todos—deja sin cumplir el sueño de una Europa unida, en paz y democrática. Coincidió además con el comienzo y súbito final de la cuarta ola, el movimiento democrático en el Medio Oriente. Con la excepción de Túnez, ninguno de ellos pudo llegar a la democracia y en algunos, peor aún, la ola terminó en un despotismo más brutal que el anterior, por ejemplo en Egipto.

América Latina pasó por este periodo con los términos de intercambio más favorables de su historia. La prosperidad generó enormes recursos fiscales. Ello alimentó sueños de perpetuación, reescribiendo constituciones a la medida de ese objetivo. Inevitablemente, eso sirvió para concentrar enormes recursos de poder en el Ejecutivo, a expensas del Legislativo y de la independencia del Poder Judicial, facilitando además la colusión entre el poder político y el crimen organizado.

La consiguiente violación de derechos se ha normalizado y generalizado, sean estos de políticos de oposición, periodistas críticos o activistas de la sociedad civil. La restauración de viejas concepciones de soberanía—la retórica del nacionalismo y la no injerencia en asuntos internos—no son más que racionalizaciones discursivas para evitar la fiscalización externa. La OEA aceptó esas viejas concepciones, abdicando así de sus funciones de intervención. De esa manera es como se ignoran en la región los tratados internacionales en la materia, supuestamente de cumplimiento obligatorio.

La tercera ola comenzó cuarenta años atrás, en abril de 1974. Será cuestión de generar las condiciones para que el ciclo vuelva a cambiar. Recordar la universalidad de la jurisdicción en materia de derechos humanos, la no prescripción, la obligación de intervenir ante las violaciones y la necesidad de un orden constitucional democrático (no cualquier tipo de orden constitucional) siguen siendo las prioridades intelectuales. Articular estos principios en coaliciones de la sociedad civil y las organizaciones internacionales es la estrategia a desarrollar, como entonces, como siempre.

La democracia esta erosionada y la agenda de derechos humanos, en retroceso. En más de un sentido, habrá que volver a empezar.

Fuente: El País (Madrid, España)