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El estado de los derechos humanos en Nicaragua
31 de julio de 2017
Varias denuncias de organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional señalan que Nicaragua vive un grave deterioro de los derechos civiles y políticos, que se caracteriza por el debilitamiento cada vez mayor de la institucionalidad, la ausencia de espacios de diálogo, la falta de independencia judicial y la desprotección de una buena parte de la población.
Angel Freire
 

Las organizaciones dieron cuenta de los obstáculos que enfrenta la ciudadanía para el ejercicio de sus derechos a la hora de acceder a la justicia, tanto para presentar denuncias, como para que las investigaciones conduzcan a la identificación y sanción de los responsables. Es por esto que los casos que involucran a la policía, por ejemplo, y que acusan a algunos de sus funcionarios de abuso de autoridad, agresiones, detenciones ilegales, entre otros delitos, se mantienen sin llegar a una resolución.

De acuerdo con datos del Centro Nicaragüense para los Derechos Humanos (CENIDH) durante los últimos 6 años, han recibido casi 400 denuncias por incumplimiento de órdenes de libertad, malos tratos, agresiones físicas y sexuales, entre otras.

Así también cabe recalcar la  expulsión arbitraria de Nicaragua de los abogados de organizaciones como CEJIL, Luis Carlos Buob y Marta González, en mayo de 2015. A su caso se suma el de Carlos Ponce, director de Freedom House para Latinoamérica, que fue deportado en febrero de 2016.

Por otra parte, se denunció la falta de acceso a la información pública, lo que impide el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Esto se combina con un espectro limitado de medios, producto de la concentración en manos de conglomerados oficialistas, la entrega de licencias para radio y televisión de manera discrecional y el hostigamiento para quienes son críticos de alguna actuación del gobierno.

A partir de esto, se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pedir autorización al Estado para realizar una visita oficial al país para que pueda constatar la situación, petición que, por otra parte, se ha mantenido sin respuesta desde 2009. Además, se pidió que incluya a Nicaragua en el capítulo cuarto de su informe anual, el cual está dedicado a los países con una situación preocupante, en materia de derechos humanos.

En referencia a la construcción del canal interoceánico, denunciaron que el 52% de su ruta atravesaría territorios donde hoy habitan pueblos indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, a la fecha aún no se organiza un espacio de consulta para resolver su situación.

En la Costa Atlántica, producto de la violencia de “colonos” contra personas indígenas, se ha generado el desplazamiento forzado de 3.008 personas, de las cuales la mayoría son mujeres y niñas/os, que se encuentran refugiados en algunas comunidades vecinas como Puerto Cabezas, Waspam y Honduras.

El resultado de la violencia ha sido un total de 28 personas asesinadas, 18 heridas y 18 secuestradas, añadieron. La información disponible indica que ninguno de estos hechos ha sido investigado.

En junio de 2016, el Tribunal de Apelaciones declaró improcedente el recurso de amparo. Ante la negativa del Tribunal, en julio de 2016, los líderes y autoridades comunales presentaron otro recurso ante la Corte Suprema de Justicia, cuya decisión aún está pendiente.

Organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, solicitaron al Estado nicaragüense atender las preocupaciones de las comunidades Rama y Kriol y garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

La construcción de un megaproyecto como el Gran Canal Interoceánico implica problemas en el ecosistema del lugar. Al respecto, varios ambientalistas sostienen que el canal interoceánico significa la mayor amenaza a las condiciones ambientales del país en su historia y el mayor riesgo para la satisfacción de necesidades básicas de agua y alimentación segura. Es por esta razón que todas las autoridades deben garantizar un proceso de consulta y consentimiento de los habitantes y que el proyecto cumpla con los más altos estándares de protección al medio ambiente y los derechos humanos de los pueblos donde está cerca el gran proyecto.