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El estado de los derechos humanos en China
13 de julio de 2017
Los derechos políticos en China se encuentran restringidos. Cuándo Xi Jinping consolidó su poder personal buscó imponer una mayor disciplina ideológica a través de una campaña de propaganda, prohibiendo las discrepancias dentro del partido y criticando implacablemente los valores democráticos «occidentales».
Por Melina Morales

De acuerdo a su Constitución, vigente desde 1982, la República Popular China es “un Estado socialista en el que el poder pertenece al pueblo que lo asume mediante la Asamblea Nacional Popular”.

El presidente es elegido por un mandato de cinco años por esta misma Asamblea, actualmente encontrándose en funciones Xi Jinping desde el 14 de marzo de 2013.

Los principales líderes del país son Jinping como presidente de Estado y Secretario General del Comité Central del Partido Comunista y el primer ministro, Wen Jiabao.

En cuanto a la Asamblea Nacional Popular, este es el órgano más alto del poder estatal en China. Sus miembros son elegidos para periodos de cinco años a través de una serie de elecciones indirectas; cada provincia elige un representante (o diputado) para la Asamblea por cada 400.000 personas, habiendo al menos diez diputados representando a cada provincia.

Los derechos políticos en China se encuentran restringidos. Cuándo Xi Jinping consolidó su poder personal buscó imponer una mayor disciplina ideológica a través de una campaña de propaganda, prohibiendo las discrepancias dentro del partido, criticando implacablemente los valores democráticos “occidentales”. Los líderes del partido utilizan el control de los medios de comunicación para propagar puntos de vista positivos del partido, el gobierno y el presidente, mientras difaman a los que se consideran sus enemigos.

El Partido Comunista Chino (PCCh) nunca ha permitido desafíos al gobierno unipartidista. Y aunque en el país existen otros partidos políticos no se les permite ejercer el poder. Se trata de partidos amigos del PCCh que comparten el poder estatal, participan en la consulta sobre la elaboración de las políticas, principios estatales y contemplan metas en común.

Además el presidente realizó visitas de alto perfil a importantes medios de comunicación estatales, dónde pidió que todos los medios demostraran una estricta adhesión a la línea del partido.

Respecto de la libertad de expresión en el país, ésta es básicamente nula. En marzo de este año la policía detuvo aproximadamente a 20 personas por la publicación de una carta abierta en la que se criticaba al presidente chino y se pedía su dimisión, acusándolo de intentar crear un “culto a su personalidad”.

El 4 de abril el gobierno publicó unas directrices que tenían por objeto reforzar la imposición de la ley en el ámbito cultural. Estas directrices regularían en mayor medida muchas actividades “ilegales” y no autorizadas, como la publicación, la distribución de cine y televisión, las representaciones artísticas y la importación y exportación de productos culturales.

Además China tomó medidas para endurecer aún más su ya opresivo sistema de censura en Internet. Permanecen bloqueadas gran cantidad de páginas web y redes sociales, como Facebook, Instagram, y Twitter.

En cuanto a la libertad religiosa, esta se encuentra muy controlada por las autoridades y se sancionan ciertas prácticas alegando que es en aras de la seguridad nacional, con lo cual esto puede ser utilizado para reprimir aún más los derechos a la libertad de religión y creencias, en especial los de la población budista tibetana, musulmana uigur, etc.

En el año 2016 se incrementó en la provincia de Zhejiang la campaña de demolición de iglesias y retirada de cruces cristianas de los edificios, lo que dio lugar a una serie de protestas.

Los seguidores de Falun Gong (doctrina religiosa china) siguen siendo víctimas de persecuciones, detenciones arbitrarias, juicios injustos, tortura y otros malos tratos. Chen Huixia, practicante de esta doctrina, fue detenido y según su hija, torturada en detención a causa de sus creencias.

Sin embargo, el gobierno continuó promulgando una serie de leyes nuevas relativas a la seguridad nacional que entrañaban graves amenazas para la protección de los derechos humanos.

A lo largo del año prosiguió la oleada de represión contra activistas y abogados/as de derechos humanos. Estas personas siguieron siendo vigiladas, intimidadas, hostigadas, detenidas y recluidas.

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