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Una Constitución cubana para Venezuela
25 de mayo de 2017
(Confluencia Digital) Mientras Maduro tilda de fascistas a sus enemigos, adopta la estructura institucional del fascismo. Cuando estamos frente a dictaduras totalitarias como la que rige en Cuba o se intenta implantar en Venezuela, la caracterización de si es de izquierda o de derecha carece de relevancia.
Por Aleardo F. Laría
@aleardol

 

(Confluencia Digital) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha firmado el decreto de “bases comiciales” para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Casi al mismo tiempo, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) -entidad controlada por el Gobierno- declaró que el organismo se preparaba para realizar las elecciones para la Constituyente a finales del próximo mes de julio. De esta manera el chavismo busca desesperadamente un salvavidas institucional que evite un naufragio político que parece cada vez más cercano.

La hiper presidencialista Constitución de Venezuela, diseñada al gusto de Hugo Chávez en 1999, le otorga al presidente de la República la insólita facultad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), sin otro requisito que su única voluntad. Si bien el artículo 348 de la Constitución le confiere también la iniciativa de la convocatoria a la Asamblea Nacional -mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes-; a los Consejos Municipales en cabildo mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o al quince por ciento de los electores inscriptos, el presidente puede hacerlo sin condicionante alguno. Es un sistema infrecuente en los textos constitucionales más conocidos, en los que  habitualmente la iniciativa de la convocatoria la tiene sólo el Parlamento, reuniendo mayorías reforzadas como modo de garantizar la estabilidad constitucional.

Sorprendentemente, dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), manifestaron su repudio a la Constituyente a través de medios de comunicación. En el mismo sentido lo hizo la ex ministra de Hugo Chávez, Maripili Hernández, al señalar que “la actual Constituyente contradice absolutamente los principios fundamentales del chavismo”. Esta crítica, desde el chavismo, se fundamenta en la negativa de Maduro a someter a consulta popular tanto la convocatoria a la Asamblea como el texto que eventualmente se apruebe. En 1999 Hugo Chávez hizo celebrar sendos referendos para aprobar el llamado a la Constituyente así como la Constitución que se había aprobado.

El camino emprendido por Maduro tiene respaldo en el extraño texto constitucional venezolano que abre una triple vía para el cambio constitucional. En el Título IX,  donde se regula la reforma constitucional, se hace una curiosa distinción entre “enmienda”, “reforma constitucional” y “convocatoria al poder original constituyente” (a través de una Asamblea Nacional Constituyente). La simple “enmienda” o la mera  “reforma constitucional” tienen por objeto la revisión parcial de la Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas siempre que no se modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto. En este caso la iniciativa  puede tomarla  la Asamblea Nacional por simple mayoría de sus integrantes; el presidente de la República en Consejo de Ministros; o un quince por ciento de los electores.  El proyecto tramita ante la Asamblea Nacional que lo puede aprobar con las dos terceras partes de sus miembros y luego se somete a referéndum.

Ahora bien. Cuando el objeto de la convocatoria es de mayor calado y busca “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”, se debe convocar una  Asamblea Nacional  Constituyente y entonces cambian las reglas de juego. Este es el cauce elegido por Maduro, que le permite obviar la convocatoria a un referéndum dado que, curiosamente, no está previsto en la Constitución para este tipo de convocatoria. Tampoco dice nada la Constitución sobre la forma en que deberán designarse los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, lo que le ha permitido a Maduro diseñar un sistema singular que le garantizará la obtención de una mayoría chavista en la Constituyente.

De los 540 diputados que van  a conformar la Asamblea Nacional Constituyente, 168 provendrán de lo que el decreto presidencial denomina “ámbito sectorial”. Imitando los sistemas corporativos del fascismo italiano, se han definido ocho sectores que podrán postular candidatos: los trabajadores, los estudiantes, las comunas, los pensionados, los empresarios, los discapacitados, los campesinos y pescadores. Será el propio gobierno el encargado de definir quién pertenece  a cada uno de los sectores, de modo que le será fácil elegir los afines. Asimismo se elegirán 364 diputados “territoriales”, la mayoría a razón de un diputado por municipio, sin reparar en la población de esas circunscripciones. La medida busca disminuir el peso electoral de circunscripciones urbanas que votan por la oposición, y aumentar la proporción de los municipios rurales donde el chavismo conserva el control. Finalmente se  reservarán ocho curules para representantes de las etnias indígenas.

Dado el sistema de elección de los integrantes de la ANC, es fácil suponer que la nueva Constitución –de llevarse a cabo el cuestionado proceso lanzado por Maduro, algo que todavía está por verse- será un calco del nuevo sistema de representación diseñado para la ocasión. Es decir que  previsiblemente el gobierno intentará suprimir el sistema de partidos políticos y buscará trasladar a Venezuela un sistema de representación similar al que actualmente rige en Cuba.

Resulta difícil hacer una descripción somera del régimen institucional que actualmente impera en Cuba porque frente a una constitución formal existe otra material. Si atendemos a la constitución formal, es decir el texto constitucional vigente, representado por la Constitución de 1976, podríamos caracterizar al régimen cubano como un sistema parlamentario que ha renunciado al tradicional presidencialismo americano. Sin embargo, la distorsión creada por la preeminencia institucional absoluta que tiene el Partido Comunista, oscurece toda posibilidad de buscar analogías con los sistemas de gobierno imperantes en las democracias occidentales.

En teoría, la Asamblea Nacional del Poder Popular – que representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo- es el órgano supremo del poder del Estado en Cuba. La Asamblea Nacional del Poder Popular elige, de entre sus diputados, al Consejo de Estado de 31 miembros. El Presidente del Consejo de Estado es jefe de Estado y jefe de Gobierno. El Consejo de Estado es responsable ante la Asamblea Nacional del Poder Popular y le rinde cuenta de todas sus actividades. Tiene carácter colegiado y, a los fines nacionales e internacionales, ostenta la suprema representación del Estado cubano.

La Asamblea Nacional de Cuba es un parlamento unicameral integrado por 612 diputados elegidos en 612 distritos. De modo que en cada distrito se presenta un único candidato respaldado por una Comisión Nacional de los Candidatos. De acuerdo con la ley electoral, el 50 % de los candidatos deben ser empleados municipales y los restantes son elegidos por los comités que defienden la revolución o grupos de campesinos, estudiantes, mujeres y jóvenes. Como es obvio, detrás de esos candidatos está  el Partido Comunista de Cuba, “martiano y marxista-leninista” que según la Constitución es “la vanguardia organizada de la nación cubana” y “es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo”.

Todos los sistemas totalitarios que rechazan el sistema democrático liberal de partidos políticos y se refugian en una democracia orgánica que utiliza forma corporativas de representación, sean de “izquierda” o de “derecha”, tienen enorme similitud. Pretenden obtener la representación de una comunidad homogénea porque reivindican la unidad imaginaria del pueblo. Ese principio de unanimismo explica la paradoja de que mientras Maduro tilda de fascistas a sus enemigos, adopta la estructura institucional del fascismo. Cuando estamos frente a dictaduras totalitarias como la que rige en Cuba o se intenta implantar en Venezuela, la caracterización de si es de izquierda o de derecha carece de relevancia. Son dictaduras a secas y como tal deben ser tratadas.
Fuente: Confluencia Digital (Río Negro, Argentina)

 

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