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Carl Schmitt en La Habana
20 de febrero de 2017
(La Razón/México) La apertura de un régimen de tipo soviético –ahora con caudillo ausente– a algo constitucionalmente distinto no implica necesariamente la democratización. El tránsito del postotalitarismo actual a un autoritarismo más o menos competitivo sería una solución intermedia, con ganancias parejas para el gobierno, la oposición y la gente de a pie. Pero mientras la élite política insular siga confundiendo hegemonía con dominación y su discurso permanezca anclado a conceptos vacíos —poder popular, propiedad socialista, democracia participativa— la distancia entre la Constitución escrita y la real —ejercida por el poder y subvertida/acomodada por la sociedad— seguirá ampliándose.
Por Armando Chaguaceda Noriega
@xarchano

(La Razón/México) El año 2018 se convirtió, por pública confesión del presidente cubano, en el horizonte de una reforma constitucional. En varios discursos ante las máximas autoridades del país, Raúl Castro indicó que las transformaciones socioeconómicas —mayor apertura a la inversión extranjera, expansión de la pequeña y mediana empresa privada— y, especialmente, los anuncios de cambios políticos —limitación de mandato y separación de cargos en los máximos niveles estatales y partidistas— asociados a su gobierno llegarían a la Constitución.

Como eco, diversos sectores de la intelectualidad, la oposición y la ciudadanía alistaron sus apuestas ante los cambios futuros. Mayor reconocimiento de la creciente diversidad social, la apertura a un pluralismo controlado y el amparo legal a los negocios particulares, entraron en el caleidoscopio de expectativas desatadas por los anuncios. En materia electoral, en la división administrativa y en el espacio asociativo, aperturas esperables también encontrarían su codificación en la remozada constitución postfidelista.

Sin embargo, con la fecha mítica en puerta, parece que tampoco esta vez el gobierno cubano imprimirá celeridad y consistencia a su anunciada reforma. Grises convocatorias a “debates” sectoriales y controlados —en escuelas, barrios y empresas— coinciden con un refuerzo de la represión y la censura. Y si exceptuamos algunos eventos, blogs y opiniones académicos —de escasa incidencia pública— el rediseño de la Ley Suprema seguirá el ritmo del son raulista: en secreto, con muchas pausas y pocas prisas.

La apertura de un régimen de tipo soviético –ahora con caudillo ausente– a algo constitucionalmente distinto no implica necesariamente la democratización. El tránsito del postotalitarismo actual a un autoritarismo más o menos competitivo sería una solución intermedia, con ganancias parejas para el gobierno, la oposición y la gente de a pie. Pero mientras la élite política insular siga confundiendo hegemonía con dominación y su discurso permanezca anclado a conceptos vacíos —poder popular, propiedad socialista, democracia participativa— la distancia entre la Constitución escrita y la real —ejercida por el poder y subvertida/acomodada por la sociedad— seguirá ampliándose.

Si tan sólo los gobernantes cubanos escuchasen a sus consejeros más lúcidos y menos serviles, la cosa pintaría distinta. Rusia, Singapur e Irán son autocracias aliadas donde la deliberación iliberal y el rule by law han acompañado, con altibajos y retrocesos, las reformas del Estado y los cambios socioeconómicos. Esa ruta nos aleja, ciertamente, de la democracia…pero también de la obsolescencia y estancamiento políticos del régimen cubano. Porque el aferramiento senil al poder y el solipsismo pasan factura. Y en La Habana, si es que existen, nadie parece escuchar a los discípulos de Carl Schmitt.

Fuente: La Razón (México)

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