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El estado de los derechos humanos en Arabia Saudita
29 de agosto de 2017
La mayoría de las organizaciones internacionales denuncia que las autoridades sauditas siguen restringiendo la libertad de expresión, asociación y reunión y persiguiendo a todos aquellos que tienen una opinión diferente de la oficial, en particular defensores de los derechos humanos, periodistas, activistas y representantes de las minorías religiosas. La tortura y otros malos tratos para los detenidos siguen siendo habituales. Las mujeres no tienen derechos y ningún tipo de protección contra el abuso sexual y otras formas de violencia. Las autoridades discriminan las minorías, en particular los Chií.
Por Valentina D´Andria
@vale_dandria

El Reino de Arabia Saudita es una monarquía absoluta, es decir que el rey tiene bajo su control los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial). Arabia Saudita sigue siendo el único país musulmán que jamás ha celebrado elecciones y según el EIU Democracy Index del 2016, publicado por The Economist, el Reino se encuentra entre los países más autoritarios del mundo con una clasificación de 1.93 en una escala de 0 a 10, donde 0 denota un país no libre y 10 uno libre.

En los últimos dos años Arabia Saudita enfrentó muchos desafíos nacionales e internacionales. Fuera de sus fronteras, el Reino encabezó una coalición de estados árabes en una intervención en Yemen para ayudar al presidente Hadi, envuelto en una guerra civil contra fuerzas rivales en su país. Esta coalición fue duramente criticada por los organismos internacionales por los numerosos ataques aéreos ilegales que mataron y dañaron a miles de civiles.

A nivel nacional, en el 2015 Salman bin Abdulaziz sucedió a su hermano, el rey Abdullah, después de su muerte, sin elecciones libres. No obstante en los últimos dos años el Reino le concedió mayor importancia a la figura de la mujer en la sociedad civil, la mayoría de las organizaciones internacionales de derechos humanos siguen denunciando la falta de libertades civiles y políticas.

Según el último reporte de Freedom House, en el país se reprimen la libertad de asociación y de reunión: las autoridades no permiten la existencia de partidos políticos, sindicatos ni grupos independientes de derechos humanos. Cualquier forma de disidencia está perseguida y criminalizada. Están prohibidas todas las concentraciones públicas, incluidas las manifestaciones pacíficas, en virtud de una orden dictada por el Ministerio del Interior en 2011. Las huelgas también son poco frecuentes, por miedo a encarcelamientos. En diciembre de 2015, el gabinete saudí aprobó una nueva ley que permite la creación de organizaciones de la sociedad civil por primera vez pero, sólo en el 2016, las autoridades publicaron los reglamentos de aplicación de dicha ley. Según la disposición, las autoridades pueden disolver cualquier organización no gubernamental por motivos vagos, como por ejemplo "contradecir la sharia islámica, violar el orden público, contradecir la moral pública, violar la unidad nacional o contradecir otras leyes y reglamentos". En septiembre de 2016, Human Rights Watch denunció que no tenía conocimiento de ningún grupo independiente de derechos humanos bajo la nueva ley. Por ejemplo, la Asociación Saudi de derechos civiles y políticos, organización independiente de derechos humanos que fue creada en 2009, fue cerrada en el 2013 por las autoridades que también detuvieron a su fundador.

Las evaluaciones de organizaciones de derechos humanos indican que en Arabia Saudita se siguen violando las libertades civiles, en particular la libertad de expresión y creencia. El reporte de Freedom House ha denunciado el estricto control del gobierno sobre el contenido de los medios de información. Por decreto real del 2011, los funcionarios del gobierno pueden prohibir a los periodistas y editores la publicación de artículos considerados ofensivos: está prohibida cualquier crítica al Gran Muftí del País, al Consejo de Estudiosos Religiosos Mayores o a funcionarios gubernamentales. Este Decreto también bloqueó a más de 400.000 sitios web que se consideran inmorales o políticamente sensibles: todos los blogs y sitios web, o cualquier publicación de noticias o comentarios en línea, deben tener una licencia del Ministerio de Información. En febrero, la Gaceta Saudita informó que la Oficina de Investigación y Fiscalía estaba considerando solicitar la pena de muerte para cualquier persona que "use las redes sociales para solicitar actos homosexuales". Cualquier tipo de violación a las disposiciones de la ley puede llevar a multas y al posible cierre del sitio web. Los casos más emblemáticos son el del escritor Zuhair Kutbi, colaborador habitual de las plataformas de noticias e información en línea, que fue detenido en 2015 tras una aparición en un programa de entrevistas durante el cual habló críticamente sobre las reformas políticas en Arabia Saudita.

También, las autoridades arrestaron a Waleed al-Hussein al-Dood, ciudadano sudanés y antiguo residente de Arabia Saudita, fundador de un sitio de noticias conocido por sus críticas al gobierno sudanés. El Estado saudita reprime las libertades religiosas: el islam es la religión oficial y el Corán y la Sunna representan la Constitución del país. El gobierno, que obliga a todos los saudíes a ser musulmanes, no tolera el culto público de otras religiones y discrimina también a las minorías musulmanas, especialmente a los Chií que, a diferencia del resto de la población, no tienen la misma posibilidad de acceso a la educación pública, al sistema de justicia y al empleo. Frecuentemente, el gobierno difama al islamismo chií en declaraciones y documentos públicos. Freedom House y Human Rights Watch denuncian la falta de independencia del poder judicial: ya que la ley se basa en la Sharia, los veredictos también siguen la ley islámica.

Arabia Saudita no cuenta con código penal escrito o con reglamento estricto, por este motivo los jueces y los fiscales pueden tipificar como delito una amplia gama de delitos bajo cargos amplios, como "romper la lealtad con el gobernante" o "tratar de distorsionar la reputación de el Reino." Los detenidos, incluyendo los menores de edad, ven violados sus derechos: no se aplica un juicio justo; las autoridades no siempre informan a los sospechosos del crimen del que son acusados, o les permiten el acceso a pruebas de apoyo. Los abogados no siempre logran ayudar a sus asistidos durante los interrogatorios porque muchas veces se les impide examinar a los testigos y presentar pruebas en el juicio. Los jueces rutinariamente condenan a los acusados a flagelaciones de cientos de latigazos y los niños también pueden ser juzgados por crímenes capitales y sentenciados como adultos si hay signos físicos de pubertad.

Según el reporte de Amnesty International, los funcionarios de los servicios de seguridad siguen infligiendo con impunidad tortura y otros malos tratos a los detenidos, especialmente para obtener “confesiones” a fin de utilizarlas como prueba contra en el juicio. Las penas por lo general son crueles, inhumanas y degradantes. Las minorías Chií, los activistas y los defensores de los derechos humanos son los más perseguidos: Raef Badawi, un activista de derechos humanos y fundador de la página web liberal Arabia red, está cumpliendo una condena de 10 años de prisión y 1.000 latigazos por "insultar al Islam"; Muhammad al-Bajadi, uno de los fundadores de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, fue condenado a 5 años de prisión en marzo y tuvo que enfrentar una variedad de cargos, entre ellos la adquisición de libros prohibidos. Además estuvo recluido cuatro meses en el Centro de Terapia y Tratamiento Mohammed Bin Nayef, donde recibió “sesiones de terapia” religiosa y psicológica semanales. En este Centro, donde generalmente las autoridades reciben informaciones bajo tortura, están detenidos aquellos que están sospechados de terrorismo o de seguir ideas desviadas. Los tribunales continúan imponiendo condenas a

muerte por diversos delitos, entre ellos algunos de drogas que no implican violencia y que no están reconocidos por el derecho internacional. Muchas personas fueron condenadas a muerte en juicios injustos cuyas “confesiones” habían sido obtenidas mediante coacción, incluida la tortura. El 2 de enero, las autoridades llevaron a cabo 47 ejecuciones —según informes, 43 mediante decapitación y 4 por fusilamiento— en 12 localidades del país. En fin, Arabia Saudita es un país muy machista: las mujeres adultas deben obtener el permiso de un guardián varón -normalmente un marido, padre, hermano o hijo- para viajar, casarse o salir de la prisión. Necesitan, a veces, de un tutor que les permita trabajar o acceder a la atención médica y no pueden manejar. Después de las elecciones municipales en diciembre de 2015, 38 mujeres fueron elegidas para los consejos con un total de 3.159 miembros en todo el país por primera vez. Sin embargo, Freedom House denuncia que las autoridades ordenaron que los consejos fueran divididos por sexo, con mujeres miembros sentadas en salas separadas lejos de sus colegas masculinos, participando sólo por enlace de video. En agosto, una campaña emprendida en Twitter con el lema de “Las mujeres saudíes exigen el fin de la tutela” hizo que decenas de miles de mujeres expresaran su oposición al sistema de tutela masculina. Fuentes activistas calculan que, en septiembre, 14.000 mujeres saudíes habían firmado una petición en Internet en la que se solicitaba al rey Salmán la abolición del sistema. En 2004, la Comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudita estableció una oficina de mujeres para investigar casos de violaciones de derechos humanos contra mujeres y niños, pero no ha llevado a cabo sistemáticamente investigaciones serias ni ha presentado casos contra violadores.

A la luz de la situación de los derechos humanos en el Estado saudita, muchas ONGs, entre ellas Human Rights Watch, se opusieron a la propuesta de Arabia Saudita de ser reelegida como miembro del Consejo de Derechos Humanos para el período 2017-2019. En octubre, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU instó al gobierno saudita a que detuviera de inmediato la ejecución de las personas condenadas a muerte por delitos presuntamente cometidos cuando eran menores de 18 años, que pusiera en libertad de inmediato a todos los menores condenados a muerte en juicios injustos y prohibiera la pena de muerte a personas menores de 18 años en el momento de su presunto delito.

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