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El estado de los derechos humanos en la República Democrática del Congo
31 de julio de 2017
Dentro del registro de casos de violación de derechos humanos se identifican prohibiciones tanto de protestas públicas como de reuniones privadas, matanzas con machetes y hachas en Kivu Septentrional, violencia sexual contra mujeres, reclutamiento de menores, secuestros y tortura por parte de la Agencia Nacional de Inteligencia, ejecuciones a civiles extrajudicialmente, bloqueo de señales extranjeras, y cierre de dos emisoras de radio y televisión.
Por Ludmila González Cerulli
@LudmilaFlaviaGC

Desde su independencia en 1960, la antigua colonia belga se ha caracterizado por un sinfín de períodos de transición, gobiernos autoritarios, corrupción, represión, un oriente devastado por conflictos armados, bajos estándares de vida, un repertorio de violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas militares y de seguridad. A pesar de tener un sistema político semi-presidencialista y del referéndum que aprobó su última Constitución (2006), la representación de la democracia sólo persiste en el nombre del país.

La reseña histórica del territorio africano- según Bertelsmann Stiftung- se inauguró con un primer ministro, Patrice Lumumba, asesinado al año de la declaración de la soberanía. En 1965, Mobutu Sese Seko se autoproclamó jefe de estado y aseguró su estadía por 32 temporadas. Pero el fin de la Guerra Fría llevó a Mobutu a expandir el contexto político nacional mediante la organización de un gran debate- la Conferencia Nacional Soberana-, donde asistieron 2000 referentes de partidos políticos y grupos de la sociedad civil para dar sugerencias, que nunca se implementaron, sobre cómo mejorar la situación de la época.

Conflictos étnicos en las provincias de Kivu del Norte y del Sur, el deterioro de la estructura estatal y el arribo de cientos de refugiados- tras el genocidio ruandés- desencadenaron la Primera Guerra del Congo en octubre de 1996. Ésta culminó con la dictadura de Mobutu, derrocado por el líder Laurent Désiré Kabila de la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo (AFDL), que contó con el apoyo de Ruanda y Uganda. El gobierno de Kabila no distó del anterior. La orden de expulsar a los ejércitos de Ruanda cortó las relaciones con su aliado previo y desató la Gran Guerra de África que involucró a nueve estados africanos con un saldo estimativo de cinco millones de muertos.

En 2001, el dictador fue asesinado y reemplazado por su hijo Joseph Kabila. El nuevo gobernante comenzó una serie de negociaciones para restablecer la paz con Ruanda, Uganda e incluso los rebeldes congoleños. Más allá de la firma de tres acuerdos (2002-2003) y la intervención de la ONU con sus fuerzas – MONUSCO - la violencia continuó en Kivu Septentrional. En 2006, el período de transición terminó gracias al llamado a elecciones nacionales multipartidistas- las primeras desde 1960- pero otra vez Kabila quedó en el poder. La pérdida de respaldo político no le impidió asegurar su segundo mandato, ya que Kabila recurrió al fraude para obtener la “victoria” en 2011.

Kinshasa (capital) rebalsó de especulaciones sobre las intenciones de Kabila de modificar la constitución, posponer las próximas elecciones y extender su estadía. Desde entonces, las agrupaciones de rebeldes aumentaron en las provincias de Kasai y Katanga, motivo que condujo al presidente a constituir las Fuerzas Militares de la República Democrática del Congo (FARDC), integradas también por ex rebeldes. Los siguientes años dieron lugar a un contexto de agitación, alianzas inestables, fuerte interferencia militar y maltrato a civiles.

El régimen político, según el artículo 70 de la Constitución de 2006, admite la elección de un presidente hasta dos mandatos de cinco años. Pero la realidad no condice con este punto. En diciembre de 2016, surgieron protestas ante el aplazo de las elecciones previstas a fin de año y la negación de Kabila de abandonar el poder. Dicha falta constitucional, como ratifica Freedom House, desmejoró la situación de los derechos políticos. La población civil y los partidos, cada vez más, pierden posibilidades de influir en las políticas nacionales a través de la participación en elecciones; así también, carecen de caminos para conocer las operaciones oficiales, dado que la ley no prevé el acceso público de la información gubernamental. En la misma sintonía, la oposición tiene restricciones en su campo de acción. Aunque existe el derecho a la organización de diferentes partidos políticos, los adversarios de Kabila no logran materializar un aumento de votos ni la transparencia.

Dentro del registro de casos de violación de derechos humanos, elaborado por Amnistía Internacional en 2016, se identifican: prohibiciones tanto de protestas públicas como de reuniones privadas; matanzas con machetes y hachas en Kivu Septentrional; violencia sexual contra mujeres; reclutamiento de menores; secuestros, detenciones prolongadas y tortura por parte de la Agencia Nacional de Inteligencia; interrupción de la asistencia a clases tras el incendio de más de 150 escuelas; abusos cometidos por grupos armados; ejecuciones a civiles extrajudicialmente; bloqueo de señales extranjeras (Radio France Internationale, Radio Okapi de la ONU); cierre de dos emisoras de radio y televisión; retención de ocho periodistas de medios nacionales e internacionales; incriminación de delitos a once activistas del movimiento juvenil Lucha por el Cambio a causa de participar en manifestaciones pacíficas.

En el último informe de la Bertelsmann Stiftung, el estado de la democracia en República Democrática del Congo alcanza una puntuación de 3,4 en los valores de una escala del 1 (menos) al 10 (más). Los resultados permiten entrever una deficiencia en el imperio de la ley, la estabilidad de las instituciones democráticas, la participación de la sociedad civil en la elección de sus gobernantes, la integración política y social. Es imprescindible dar un salto de calidad frente a estas cuestiones. Jean-Pierre Lacroix, secretario general adjunto de la ONU para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, sostuvo que la firma del acuerdo por todos los actores políticos en diciembre de 2016 evitó la crisis y pactó la convocatoria a elecciones a fin de este año. No obstante, los preparativos para las mismas permanecen inmaduros. La población total del país- que supera los 79 millones según Freedom House- aún no ha percibido soluciones concretas. Su prioridad es acceder a condiciones más justas y dignas para vivir. 

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